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A cuarenta años del aborto en Italia (1978-2018)

(Roberto de Mattei, Correspondencia Romana – Español, 24 marzo 2018)

La atención de todos los medios en Italia se ha concentrado en estos días en el cuadragésimo aniversario del secuestro de Aldo Moro. El 16 de marzo de 1978, en una emboscada en la calle Fani (Roma), el político demócrata cristiano  resultó secuestrado y su escolta exterminada por la Brigada Roja. El 9 de mayo, después de un cautiverio de 55 días, su cuerpo fue encontrado acribillado a balazos en el baúl de un auto en la vía Caetani. Nadie ha recordado sin embargo que, en aquella primavera de 1978, en el Parlamento italiano era discutida y aprobada la ley 194 sobre el aborto que, desde entonces, ha provocado seis millones de víctimas en nuestro país.

En 1991 el presidente honorario del Movimiento por la Vida, Francesco Migliori, reveló que había sido el entonces secretario de la Democracia Cristiana Aldo Moro quien «en el Consejo Nacional de 1975 había expresado la opinión de que, para no impedir el encuentro con otros partidos populares (o sea el Partido Socialista y  el Partido Comunista-nota de redacción) estos problemas deberían quedar encerrados dentro de las conciencias», por lo cual fue precisamente la intervención de Moro que convenció a la DC a no empeñarse en la batalla anti-abortista de los años 70. Aldo Moro era el estratega del compromiso histórico con el Partido Comunista de Enrico Berlinguer y el acuerdo establecía  el desentendimiento de la DC respecto al aborto.

Durante la prisión de Moro, el 15 de abril de 1978, la ley 194 sobre el aborto fue aprobada en la Cámara con 308 votos a favor y 275 en contra «una escasa mayoría conformada por comunistas, socialistas, liberales, socialdemócratas, republicanos e independientes de izquierda y reforzada, se dice, por los votos de un grupo de demócrata cristianos que habrían así evitado el referéndum» (“La Repubblica, 15 de mayo de 1998). «Las cifras de la votación final – escribía Francesca Dámaso en Il Giornale del 10 de mayo– demuestran que los abortistas, aunque disponiendo en teoría de la mayoría habrían perdido su batalla si en el frente opuesto todos hubiesen estado en su lugar».

Al llegar al Senado, el texto fue aprobado el 18 de mayo, con 160 votos a favor y 148 en contra, sobre un total de 308 senadores. Los decisivos fueron, una vez más, las defecciones de la DC. En el Boletín Oficial del 22 de mayo de 1978 la ley  194 que autoriza el homicidio fue promulgada con la firma de los parlamentarios todos demócrata cristianos: el presidente de la República Giovanni Leone, el presidente del Consejo Giulio Andreotti y los ministros, Tina Anselmi, Francesco Bonifacio, Tommaso Morlino, Filippo Maria Pandolfi.

Andreotti se defendió en una carta al padre Rotondi, diciendo que el suyo era «un acto debido». Acto debido quizás según los principios del positivismo jurídico, pero ciertamente no los de la moral católica, para la cual los únicos deberes absolutos que tenemos son aquellos con respecto a la ley divina y natural que, en el caso concreto, prohíbe matar inocentes.

El presidente del Consejo, además, no se limitó a esto: su gobierno asumió oficialmente la responsabilidad de la ley frente a la Corte Constitucional: de hecho, en la audiencia del 5 de diciembre de 1979, la Fiscalía General del Estado, por orden del gobierno, aún teniendo la posibilidad de plantear excepciones, defendió la legitimidad constitucional de la ley. A inicios de junio el presidente de la República Giovanni Leone, que no había sentido el deber de dimitir en el momento de la firma de la ley, fue obligado a hacerlo, tras la polémica sobre el escándalo Lockeed.

Después de algunas semanas, era elegido para el mismo cargo el socialista Sandro Pertini. Andreotti tuvo en cambio una larga vida política,  marcada sin embargo por manchas que la absolución procesal no han cancelado, como la acusación de haber sido quien ordenó el homicidio de Mino Pecorelli y su contribución a los crímenes de la mafia. Dudamos de la veracidad de estas acusaciones, pero aunque fuesen verdaderas, tenemos la certeza de que la responsabilidad de haber firmado la ley sobre el aborto es incomparablemente mayor que la complicidad con los homicidios mafiosos.

Estos crímenes, de hecho, como el asesinato de Moro por parte de las Brigadas Rojas, no constituyen una negación del principio del derecho a la vida y son por lo tanto menos graves que la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de los asesinatos en masa. El 20 de mayo de 1978 La Civiltà Cattolica escribía en un editorial: Por supuesto, la terrible y perturbadora historia del secuestro de  Moro y del terrible asesinato de su escolta llamaron la atención de todos y de una manera tan fuerte que los otros problemas pasaron a un segundo plano; pero si se reflexiona más profundamente se constata que cuanto ocurre en el Senado en estos días con la aprobación definitiva de la legalización del aborto es más grave en términos generales y en lo que respecta al futuro no solo inmediato sino también lejano de nuestro país, de cuanto ocurrió el 16 de marzo en la via Fani. Se cometió un delito horrendo, pero no fue afectado el principio del derecho a la vida y a la libertad, sobre cuya base fue unánimemente condenado; en el Parlamento, por el contrario, por primera vez en la historia de nuestro País es afectado el principio del derecho a la vida; es decir el principio fundamental sobre el cual se fundamenta no solo la vida social, sino también el orden jurídico italiano» (cuaderno 3070 del 20 de mayo de 1978, p. 313).

La Civiltà Cattolica destacaba precisamente como la legalización del homicidio es mucho más grave que un simple acto homicida, como el asesinato de Moro y la matanza de su escolta, pero omite recordar que la aprobación del aborto es gravísima, no tanto porque socava el principio del derecho a la vida sobre el cual se fundamenta el orden jurídico italiano, sino sobre todo porque contradice públicamente la doctrina de la Iglesia y la ley natural y divina. La responsabilidad de la aprobación de la ley del aborto, recae además sobre la Democracia Cristiana, sobre los Pastores italianos, que desalentaron la oposición en el Parlamento y después de la introducción de la ley intentaron impedir su derogación integral a través del instrumento del referéndum popular. 

Entre mis recuerdos de aquel período está el de un encuentro que tuvimos, en 1979, con mons. Luigi Maverna, secretario de la Conferencia Episcopal Italiana, para pedirle un apoyo, aunque tácito e indirecto pero benevolente, a la recogida de firmas que Alianza Católica pretendía comenzar para pedir un referéndum sobre la derogación de la ley 194 sobre el aborto, recién aprobada. Como respuesta, el prelado manifestó la total indisponiblidad, presente y futura, de la CEI con relación a quien pretendiese promover un referéndum contra el aborto. A nuestras objeciones, respondió con un «Háganlo ustedes», dándonos la espalda.

La razón era clara. La CEI, entonces presidida por el cardenal Antonio Poma, apoyaba discretamente el compromiso histórico y quería evitar la política de las barreras o, como se dice hoy, de “bloques enfrentados”. El referéndum “dividía”, así como las Marchas por la Vida hoy son acusadas de crear un clima de enfrentamiento cultural y la estrategia que desde aquel entonces a nuestros días se sigue es la de la mediación y el compromiso. La línea de la Conferencia Episcopal era la misma que la de la Secretaría de Estado y Juan Pablo II, a pesar de su categórica oposición al aborto, no logró modificarla.

A lo largo de los años ochenta, gracias a la profesora Wanda Poltawska, muy cercana a Juan Pablo II, me encontré más de una vez con el secretario del Papa, mons. Stanisław Dziwisz, que escuchó siempre con cortesía y atención mis alegatos a favor de la derogación de ley 194. Juan Pablo II no quería interferir en los asuntos de la política italiana y había delegado en la Secretaría de Estado este cometido. En la mañana del 22 de mayo de 1980, junto con Giovanni Cantoni y Agostino Sanfratello de Alianza Católica, previa presentación de mons. Dziwisz, me reuní con mons. Achille Silvestrini, Secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia. Silvestrini había sucedido en el año 1973 al cardenal Agostino Casaroli en el cargo de secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y era de Casaroli un estrecho colaborador, pero sobretodo era “hijo espiritual” de mons. Salvatore Baldassarri. arzobispo “rojo” de Ravenna, destituido por Paolo VI por su ultraprogresismo.

A lo largo de la conversación expusimos la urgencia de un referéndum derogatorio respaldado por la indispensable cooperación de al menos una parte adecuada de los obispos italianos, a fin de recoger las 500.000 firmas necesarias. Mons. Silvestrini, con tono melifluo, opuso a nuestra propuesta la consideración de la inoportunidad de dicho referéndum antiabortista, porque eso causaría, según su expresión, una dañina “contra-catequesis” abortista, en el sentido de que, como reacción al anti-abortismo de los católicos, los abortistas multiplicarían su empeño a favor del aborto. Pero el mundo católico – observamos a monseñor- ¿no sufre ya hoy una creciente agresión abortista? Y si defender la verdad y hacer el bien es ocasión para una contra-catequesis, ¿deberemos entonces abstenernos de proclamar la verdad y de hacer el bien?

Mons. Silvestrini observó, como una segunda razón de inoportunidad, el recuerdo aún candente de la derrota del referéndum contra el divorcio. ¿Pero no era acaso cierto -replicamos- que dicha batalla se había perdido porque no había sido librada adecuada y generosamente? ¿Y si era amargo el recuerdo de aquella derrota no debería ser aún más amargo el recuerdo de la inercia que fue su causa?

Mons. Silvestrini dijo que “también el partido” (se refería a la Democracia Cristiana) iba a ser adverso a la hipótesis del referéndum antiabortista. ¿Cómorespondimos sorprendidos, si dichos partidos favorecen la ley en el parlamento y algunos entre sus mayores exponentes firmaron dicha ley, asumiendo la plena responsabilidad moral y política?  En realidad hablábamos dos lenguajes diversos y no era posible el diálogo. Finalmente, la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal aprobaron débilmente un pedido de referéndum del Movimiento por la Vida que aceptaba el aborto terapéutico y la contracepción.

En el referéndum que se llevó a cabo el 17 de mayo de 1981, la ley propuesta por el Movimiento por la Vida no superó el 32 por ciento. El aborto continuó cobrando sus víctimas en Italia y mons. Silvestrini, nombrado cardenal en 1988, mantuvo su poderosa influencia durante el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, hasta formar parte del “club de la mafia” San Gallo, que preparó la elección del cardenal Bergoglio como Papa. La decadencia moral de la Iglesia y de la sociedad italiana no es un asunto de los últimos años, viene de lejos y debe ser analizada en sus causas remotas si queremos encontrar los remedios.

Fonte: Correspondencia Romana – Español

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